viernes, 19 de marzo de 2010

Aún faltaría el permiso de Semarnat, dice Profepa

Ediciones Impresas Milenio
03/19/2010

Mantendrán vigilancia

La delegación Nuevo León de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente advirtió que a pesar de la suspensión definitiva que un juez concedió al Gobierno del Estado, se mantendrá vigilante del predio donde se pretende construir el nuevo estadio de los Rayados del Monterrey.

Francisco Treviño Cabello, titular de la delegación, informó que hasta el jueves no había sido notificado aun del estatus legal del recurso legal que promovió la administración de Rodrigo Medina en contra de la clausura del terreno.

Sin embargo, aclaró, aun y con la suspensión ni el Estado o la empresa FEMSA pueden realizar ningún movimiento ni trabajo en la zona sin la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El Estado o el particular que desean hacer ahí el proyecto, no puede remover un metro de vegetación, nada, hasta que no cuenten con la autorización de Semarnat; lo que nosotros hemos señalado es que hay afectaciones a la vegetación que se han sancionado”.

El delegado explicó que hasta este jueves únicamente tenían conocimiento oficial de que el amparo seguía en litigio, y que únicamente faltaba el anuncio de la decisión del juez.

Sin embargo, reiteró, nada de esto le restaba facultades a la Profepa para intervenir nuevamente de ser necesario.

“El juez dejó muy claro que nosotros como Procuraduría tenemos las facultades para actuar en todo momento y revisar que se cumpla la legislación ambiental, no hay amparo que nos impida una actuación posterior”.

Asimismo, este jueves por la tarde, el Colectivo Ciudadano en Defensa de La Pastora, organismo civil que ha encabezado las protestas contra el proyecto, envió un comunicado en el que lamenta la decisión del juez, así como que el estado haya interpuesto el recurso legal.

“Lo lamentable del asunto es que el complaciente Gobierno del Estado, responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes ambientales, obligado a coordinarse con las autoridades federales para impedir la depredación del medio ambiente, haya sido el que demandó a la única autoridad que frenó el flagrante ecocidio aplicando la ley.

“El Gobierno Estatal amparándose contra el Gobierno Federal para que no se le aplique la ley. Así es como se quiere fomentar la cultura ecológica en Nuevo León”, apunta el escrito.

Monterrey • Antonio Argüello

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