El gobierno de Nuevo León ha realizado una defensa del estadio en La Pastora, vía el secretario general de Gobierno, Javier Treviño Cantú, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Fernando Gutiérrez Moreno, donde refieren que con la clausura de la Profepa, no podrán iniciar las autorizaciones de impacto ambiental.
Dejando a un lado las pugnas de partido entre el gobierno estatal con las delegaciones federales, es importante señalar algunas consideraciones sobre las declaraciones relacionadas con el tema ambiental. ¿Por qué hasta hoy ese gobierno dice buscar la autorización de impacto ambiental?. ¿Por qué no lo hizo en el 2008, cuando fragmentaron el hábitat en La Pastora con los desmontes y la realización de perforaciones?. Esas obras si requieren autorización de impacto y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y al modo como trabaja el gobierno estatal cuando se trata de urbanizar los espacios naturales, lo hicieron a escondidas (caso Arco Vial Sureste) y sin importarles autorización ambiental alguna.
Se puede aceptar el dicho del gobierno. Si puede ser tiempo de construir, pero no con el costo que el estado quiere. No afectando La Pastora, o como el caso previo de Sierra de la Silla. Podemos acordar con ese mismo gobierno que si es tiempo de actuar en función del interés general, y esta se encuentra perfectamente definido por ley. En el caso de los espacios naturales, debe ser la conservación de los mismos (no la urbanización), concepto que no excluye consideraciones de aprovechamiento de recursos, indispensable para el desarrollo de la ciudadanía. Esa es la línea que el gobierno debe seguir. Eso y no la urbanización de la totalidad de las montañas que rodean la zona metropolitana de Monterrey, que desde hace años ese gobierno auspicia. ¿Por qué el gobierno busca el desarrollo urbano, orientándolo a las montañas y bosques que aun prevalecen en el área metropolitana?
El gobierno estatal busca minimizar la afectación ambiental en La Pastora, reduciéndola a “pequeños orificios en un área muy grande”. La realidad es que el hábitat en La Pastora fue fragmentado, se hicieron exploraciones que son pequeñas en diámetro, pero enormes en su profundidad, llegando hasta los acuíferos presentes en el área. Esos trabajos requieren autorizaciones federales, que en el papel garantizan que los recursos naturales susceptibles de afectación, se conserven en el mejor estado posible. Si no se cumple con la legislación relacionada, el gobierno debe asumir responsabilidades y las posibles sanciones derivadas.
La expresión pública de Fernando Gutiérrez es reveladora. Dice que tiene que ver si se debe solicitar un permiso por un cambio de uso de suelo. Es de no creerse que el secretario del ramo ambiental tenga dudas sobre la necesidad de permiso para un hecho de ese tipo. Cualquier cambio de uso de suelo debe contar con el resolutivo correspondiente, y el gobierno estatal ignoró el hecho. Desmonto y excavo sin contar con alguna autorización. Parece que el secretario de Desarrollo Sustentable esta habituado a la ilegalidad. Admite que en Nuevo León los cambios de uso de suelo ocurren de manera muy cotidiana, y a pesar de eso, no se da por enterado que se requiere una autorización federal.
Los acontecimientos que han acompañado la gestión del estadio en La Pastora por el gobierno estatal y sus asociados privados llevan la misma linea que el Arco Vial Sureste, coincidiendo ambos casos con la aparición de la PROFEPA. No debe sorprender a la ciudadanía si al paso de unos pocos meses, esa procuraduría levanta la suspensión, y todo queda como al inicio, con terrenos impactados ambientalmente, y sin ningún responsable sancionado por los ilícitos ocurridos, mucho menos la restauración del daño ambiental ocasionado, cortesía del gobierno de Nuevo León.
Antonio Hernández.
t608138@gmail.com
Movimiento Ambientalista Ciudadano.
*Publicado en http://www.somosunoradio.org/?p=6678
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